Esta iniciativa contempla que las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior del orden nacional, departamental, municipal y distrital que no tengan el carácter académico de Universidad, de acuerdo con lo previsto por la Ley, deberán organizarse como Entes Autónomos Universitarios de Educación Superior sin que se modifique su actual carácter académico cuyo objeto es la Educación Superior en la modalidad académica que actualmente tienen como Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias, Escuelas Tecnológicas o Colegios mayores de conformidad con la Ley 30 de 1992. Las Instituciones de Educación Superior aquí señaladas contará con el término de 2 años a partir de la vigencia de la presente ley para hacer el ajuste a sus estatutos, reglamentos, estructura organizacional y planta de personal a la nueva naturaleza jurídica sin que se modifique su actual carácter académico y dentro del marco de la autonomía fijada a las universidades estatales.