Esta iniciativa busca dar una protección real y efectiva al patrimonio cultural sumergido que le pertenece a Colombia, colocando restricciones al comercio del mismo, teniendo en cuenta que el Patrimonio Arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Lo anterior teniendo en cuenta que la “Ley 1675 de 2013, que consagra el derecho de repetición, vulneraba el derecho al Patrimonio Cultural de la Nación al excluir un bien o conjunto de bienes de la protección especial con fundamento en la similitud que se puede presentar entre cosas muebles que compartan como característica su condición seriada y valor de cambio o fiscal”.