Esta iniciativa busca diseñar una política integral de peajes de infraestructura de transporte-modo carretero a cargo de la Nación, entendiéndose tanto la concesionada como la no concesionada, con el fin de velar por el adecuado cumplimiento de estándares técnicos y socioeconómicos a la hora de definir las tarifas de los peajes de carreteras. Igualmente se adiciona la obligatoriedad de que la infraestructura vial cuente con servicios complementarios financiados por los peajes.