Esta iniciativa tiene por objeto establecer normas, procedimientos, mecanismos y beneficios para proteger la estabilidad laboral y física a los servidores públicos y a cualquier persona natural o jurídica que reporte de forma oportuna, formal y justificada, la realización de actos de corrupción en las entidades públicas, de manera recurrente o transitorio y en cualquier escenario donde se manejen recursos y/o bienes de origen público, que puedan ser objeto de investigaciones fiscales, penales y disciplinarias.