El citado instrumento internacional permitirá a las autoridades judiciales colombianas solicitar a sus homólogos en la República del Perú la práctica de pruebas, así como la ejecución de medidas preventivas y definitivas sobre bienes de propiedad del sindicado o condenado según el caso, posibilitando así el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con la conducta punible y evitando de contera que los derechos de las víctimas se vean afectados. La aprobación del Acuerdo en comento permitirá agilizar los canales de cooperación judicial y fortalecer los mecanismos bilaterales de lucha contra la delincuencia transnacional.