Esta iniciativa busca restablecer el derecho al sufragio de las personas privadas de la libertad que han sido condenadas imponiéndoseles la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas ya sea como pena principal o accesoria.
Las personas privadas de la libertad en calidad de condenados, tendrán derecho a sufragar en todos los procesos electorales que se adelanten durante el tiempo que dure su condena y aun cuando la hayan cumplido. En el caso de los delitos contra los mecanismos de participación democrática y contra la administración pública, se mantendrá la inhabilidad del derecho a elegir durante el tiempo que dure la condena. Se modifica el art.44 de la lEY 590 de 2000, el cual quedaría: La pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales. En el caso de los delitos contra los mecanismos de participación democrática y contra la administración pública, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, priva también al penado del derecho a elegir por el término de duración de la pena principal.