La presente ley tiene como objeto establecer los lineamientos para la elaboración de una política pública que concilie la vida laboral y familiar como un instrumento que permita a las organizaciones públicas y privadas una base sólida de bienestar individual y de políticas sociales, que tienen su fundamento en la efectividad del pleno empleo.

En la elaboración de la política pública se tendrán en cuenta las siguientes directrices: a) La conciliación de la vida laboral y familiar, como política de pleno empleo; b) La conciliación de la vida laboral y familiar, como política de corresponsabilidad social en las tareas de cuidado entre hombre y mujer en el ambiente familiar; c) Reconocimiento y beneficios a las Empresas (públicas y/o privadas) familiarmente Responsables – EFR.

En la elaboración de la política pública dispuesta en la presente ley se tendrán en cuenta los siguientes objetivos: 1. Permitir que las personas con responsabilidades familiares puedan ejercer su derecho a desempeñar un empleo, sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. 2. Implementar medidas que permitan la libre elección de ocupación. 3. Facilitar el acceso a la formación y al ejercicio del empleo cuando se encuentra en ella. 4. Permitir la integración y permanencia de estos trabajadores en la fuerza laboral y su reintegración después de un tiempo de ausencia motivada por dichas responsabilidades. 5. Sugerir medidas para la planificación local y regional de manera que valoren las necesidades de este grupo de trabajadores y el desarrollo de los servicios comunitarios, públicos y privados, para la asistencia a la infancia y a las familias.

Medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar. Para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y calidad de vida de los trabajadores con responsabilidades familiares se tendrán en cuenta las siguientes acciones: a) Flexibilidad en los tiempos y el lugar de trabajo de manera progresiva (uso de mecanismos como el teletrabajo); b) Distribución flexible de vacaciones según las necesidades del empleador y de común acuerdo con el empleado; c) El empleador podrá ampliar los servicios de atención a la infancia y de ayuda familiar; d) Abordar el problema de la informalidad y precariedad del trabajo y promover la regulación de las actividades informales; e) Desarrollar programas de capacitación en materia de protección y promoción de las responsabilidades familiares y de cuidados a personas en condiciones de dependencia; entre otros.

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Protección Social, y el departamento administrativo de función pública reglamentará esta ley en un plazo no superior a un año a partir de su publicación.