Este proyecto de ley tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, vigilancia y sanción de los actos de acoso y de violencia política contra las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos en su condición de integrantes de partidos, movimientos y organizaciones políticas, candidatas electas o designadas, o como servidoras públicas en todas las ramas del poder público. Se establecen los principios y valores, se tipifican los delitos de acoso político y de violencia política. Igualmente, se le atribuyen competencias al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría General de la Nación y a los partidos y movimientos políticos para investigar y sancionar las conductas de que sean víctimas las mujeres por causa o con ocasión del ejercicio del derecho a la participación política.