En este orden de ideas en ejercicio del ius puniendi por parte del Estado se garantiza no solo la existencia del delito y la consecuente sanción, sino además la garantía de que las conductas más graves deben ser efectivamente sancionadas, como en este caso las que vulneran el bien jurídico tutelado de la libertad, integridad y formación sexuales, que por demás cuentan con unas penas proporcionalmente altas, en especial cuando se cometen contra niños, niñas o adolescentes, pero actualmente por las dificultades de operación en la Rama Judicial, se presenta el riesgo de prescripción tanto de la acción, como de la sanción, situación que se pretende conjurar a través de esta iniciativa legislativa que reforma dos artículos de la Ley 599 de 2000.