Propone la configuración de un registro de intereses privados de los congresistas, que será de público conocimiento, donde se encuentre la relación de parientes hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, los cargos que desempeñan y las actividades que desarrollan. Dicho registro servirá de base para indicar de manera clara e inequívoca qué congresistas se consideran incursos en conflicto de intereses, antes de la discusión de un proyecto de ley o acto legislativo y servirá de base para que la Comisión de Ética del Congreso analice y decida sobre la procedencia o no de los impedimentos, de conformidad con las causales establecidas, lo que proyectaría mayor seguridad jurídica y objetividad al proceso de decisión.